Adoptada por el Consejo de la UE en octubre de 2023, la directiva DAC8 obligará a las plataformas de criptomonedas a empezar a reportar datos de usuarios y transacciones a las autoridades fiscales nacionales el 1 de enero de 2026, con exigencia de cumplimiento pleno para el 1 de julio de 2026, según el propio texto. El marco abarca a los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) establecidos en la UE y a proveedores no comunitarios que atiendan a residentes en la UE, excluye las CBDC y determinados tokens de dinero electrónico y permite el intercambio automático de información entre Estados miembros.