El secretario del Tesoro de EE. UU. promete impulsar una Reserva Estratégica de Bitcoin
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se ha comprometido a impulsar una Reserva Estratégica de Bitcoin, una señal de que el Gobierno federal se acerca a tratar a Bitcoin como un activo estratégico nacional.
Bessent afirmó que su departamento trabajará para avanzar en la iniciativa. El compromiso se apoya en la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en marzo de 2025, que creó la Reserva Estratégica de Bitcoin y, por separado, una Reserva de Activos Digitales de EE. UU. Aquella orden instruyó a consolidar en una reserva específica los bitcoin que el Gobierno ya posee a través de procesos de decomiso. También estableció un marco para estudiar la adquisición de bitcoin adicional mediante estrategias "presupuestariamente neutrales".
Desde entonces, la senadora Cynthia Lummis y otros legisladores han presentado un proyecto para convertir la Reserva Estratégica de Bitcoin en ley, con el objetivo de dotarla de un marco estatutario más estable que una simple acción ejecutiva. La declaración de Bessent refuerza que el Tesoro participa activamente en el proceso y no se limita a seguir la línea marcada por la Casa Blanca. Para el público centrado en Bitcoin, que el secretario del Tesoro defienda públicamente el concepto añade peso institucional.
Una Reserva Estratégica de Bitcoin sería la primera vez que un gran Estado soberano designa formalmente a Bitcoin como activo de reserva junto al oro y las divisas. No es lo mismo que el Gobierno mantenga bitcoin incautados a que los acumule de forma deliberada como política pública. Según una hoja informativa de la Casa Blanca, la reserva se nutriría inicialmente de bitcoin procedentes de decomisos penales y civiles, mientras que los departamentos del Tesoro y de Comercio tendrían el encargo de explorar vías "presupuestariamente neutrales" para comprar más.
Entre la orden ejecutiva y una infraestructura operativa hay un tramo amplio. La puesta en marcha exige decisiones sobre custodia, criterios de valoración y si el Congreso asignará fondos o habilitará mecanismos alternativos de adquisición, debates que se han intensificado en el entorno institucional con las discusiones recientes sobre los flujos hacia los ETF al contado de Bitcoin. Si el proyecto de Lummis se aprueba, la reserva sería más difícil de revertir para una administración futura. Sin legislación, la iniciativa dependerá de la vigencia de la orden ejecutiva actual.
Los inversores y la industria seguirán de cerca si el Tesoro traduce el compromiso en medidas concretas: acuerdos formales de custodia, publicación periódica de las tenencias de la reserva o un calendario de compras. La confirmación de planes para adquirir Bitcoin para la reserva supuso un avance, pero el factor determinante será la ejecución.
También se vigilará el recorrido legislativo. Un avance del proyecto de Lummis en comité apuntaría a una base bipartidista y más duradera para la idea de la reserva. Si se atasca en el Congreso, la iniciativa quedaría más expuesta a una reversión por vía ejecutiva. En un plano más amplio, el debate ya está influyendo en cómo las instituciones encuadran el papel de Bitcoin, algo visible en el enfoque de los reguladores hacia productos financieros vinculados a criptoactivos y en la integración de activos digitales en la infraestructura de liquidación por parte de grandes redes de pagos.
El próximo hito tangible podría llegar en forma de un informe del Tesoro sobre la logística de implantación de la reserva o una audiencia en el Senado sobre el proyecto de codificación. Hasta que se materialice alguno de estos pasos, el compromiso de Bessent funciona más como una señal de política que como una realidad operativa.
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