Brasil plantea salvaguardas para que su futura CBDC no facilite la vigilancia ni excluya a quienes dependen del efectivo
El Congreso de Brasil avanza en un proyecto de ley destinado a acotar el margen de actuación del Estado en caso de que se apruebe una moneda digital de banco central (CBDC). El texto, basado en el Proyecto de Ley 4212/25, superó en versión revisada la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Diputados y queda pendiente de votación en el pleno.
La iniciativa fue presentada el año pasado por la diputada Bia Kicis y ajustada por el ponente Lafayette de Andrada. Su objetivo es limitar las competencias del Banco Central de Brasil y de otras entidades financieras vinculadas a una futura CBDC, con el argumento de proteger la libertad económica, la privacidad y la seguridad de los ciudadanos.
El proyecto establece que una moneda digital emitida por el banco central no podrá sustituir al dinero en efectivo, no podrá imponerse como moneda de curso legal y no podrá utilizarse como herramienta de vigilancia política o ideológica. Kicis también busca blindar la permanencia del efectivo para evitar que la CBDC funcione como reemplazo del papel moneda.
El artículo 5 añade una exigencia específica: las autoridades deberán garantizar que la moneda digital "no derive en exclusión financiera", ofreciendo alternativas accesibles para la población sin acceso a medios digitales. El texto menciona el drex, la iniciativa de CBDC del país, y recalca que su adopción no puede dejar atrás a mercados no bancarizados.
Kicis sostiene que una moneda digital oficial como el drex "puede aportar beneficios importantes", pero advierte de riesgos "legítimos" para la privacidad, la libertad individual y la seguridad, y cita experiencias internacionales que, según afirma, muestran su potencial uso para vigilancia masiva y monitorización de transacciones.
La tramitación coincide con una revisión del alcance del proyecto drex por parte del banco central, tras recortar de forma significativa su ambición por preocupaciones de privacidad. Persisten dudas sobre el impacto de una adopción plena y sobre las dificultades que podría generar para ciudadanos con menor familiaridad tecnológica que dependen del efectivo en sus gastos cotidianos.
El proyecto todavía debe ser aprobado por ambas cámaras y recibir sanción presidencial. Su avance refleja el interés político en fijar límites y controles ante una eventual CBDC y su posible uso controvertido por el Gobierno brasileño.
