La ley CLARITY choca con el Senado: demócratas exigen más ética y capacidad de ejecución

La última versión de la ley estadounidense CLARITY Act afronta un nuevo obstáculo político tras la oposición formal de un grupo de demócratas clave en el Senado. El periodista especializado en criptomonedas Brendan Pedersen lo resumió con crudeza: "A las cripto les faltan votos para la Clarity Act". Entre los senadores que rechazan el borrador figuran Angela Alsobrooks, Cory Booker, Catherine Cortez Masto, Ruben Gallego, John Hickenlooper, Mark Warner y Raphael Warnock. Los senadores sostienen que el texto sigue siendo insuficiente en varios frentes: normas éticas más estrictas, protección al consumidor, barreras frente a la financiación ilícita, salvaguardas ante conflictos de interés y garantías de integridad de mercado. Pese a ello, no dan por muerta la iniciativa y aseguran que continuarán negociando con los republicanos para intentar un acuerdo bipartidista. Ética y ejecución, en el centro del pulso El choque principal se concentra en la ética y en los mecanismos de aplicación. Los demócratas reclaman reglas más duras para impedir que cargos electos y altos responsables gubernamentales se beneficien personalmente de negocios vinculados a criptoactivos mientras influyen en la política de activos digitales. Según Pedersen, el senador Thom Tillis mantendría un "no" si no hay cambios en materia ética, mientras que Alsobrooks ha calificado de "inaceptable" que no se refuerce la capacidad de los fiscales generales estatales para hacer cumplir la norma. La senadora Cynthia Lummis también se mantiene firme en la necesidad de dar más peso a la ejecución por parte de los AG estatales. El senador John Kennedy, por su parte, respalda la ley, aunque advierte de otros frentes abiertos para los republicanos, incluida la disputa sobre la rentabilidad (yield) de las stablecoins. El debate también se ha centrado en un nuevo lenguaje ético que prohibiría a todos los funcionarios federales, incluido el presidente, emitir o patrocinar un activo digital con ánimo de lucro. Lummis celebró el acuerdo, señalando que establecería "ejecución real y sanciones reales" y elevaría el listón ético. El analista cripto Lark Davis afirmó que las infracciones podrían conllevar una multa del Departamento de Justicia de 250.000 dólares al día, y destacó informaciones según las cuales el presidente Trump habría respaldado ese lenguaje ético pese a que, según los reportes, obtuvo 1.200 millones de dólares de ingresos cripto el año pasado. El escollo de los 60 votos La CLARITY Act busca aportar reglas más claras para los activos digitales, delimitar responsabilidades regulatorias y reducir la incertidumbre para empresas e inversores del sector. Aun así, la propuesta necesita 60 votos en el Senado. Con los republicanos presionando para avanzar y los demócratas exigiendo mayores protecciones, la advertencia de Pedersen resume el reto central. Los demócratas que hoy se oponen al borrador dicen estar dispuestos a negociar, pero si no se resuelven las diferencias sobre ética, capacidad de ejecución y salvaguardas al consumidor, la ley CLARITY podría sufrir nuevos retrasos. Las próximas conversaciones determinarán si EE. UU. logra un acuerdo bipartidista en una de sus reformas regulatorias cripto más relevantes o si la división política vuelve a aplazarla.