Illinois y el sector cripto piden aplazar seis meses el impuesto del 0,2% sobre activos digitales

Autoridades de Illinois y asociaciones del sector cripto han solicitado al tribunal un aplazamiento de seis meses en la entrada en vigor del impuesto estatal sobre activos digitales. La moción conjunta, presentada el 1 de octubre en el condado de Sangamon, pide retrasar el inicio previsto para el 1 de enero hasta el 1 de julio de 2027. A la solicitud se sumaron el director de Ingresos, David Harris, y el fiscal general, Kwame Raoul. La impugnación constitucional fue promovida por The Digital Chamber y la Illinois Blockchain Association, y continuaría tramitándose durante el periodo de aplazamiento propuesto. A fecha de 4 de octubre no se había confirmado la emisión de la orden judicial. Illinois aprobó el "Digital Asset Tax" en junio. La norma establece un gravamen del 0,2% sobre el valor de los activos digitales implicados en determinadas operaciones cubiertas, y no sobre las ganancias de negociación de los inversores. Durante meses, empresas del sector han advertido de que el impuesto podría elevar los costes de cumplimiento y desplazar actividad fuera del estado. La ley sigue vigente. El estado mantiene su discrepancia con los argumentos del sector y el escrito conjunto no admite que la norma sea inconstitucional ni solicita su derogación. Los borradores normativos del Departamento de Ingresos de Illinois señalan que una retirada con comisión desde un bróker hacia una cartera de autocustodia puede quedar sujeta al impuesto si se cumplen los requisitos legales. Un traspaso directo sin un bróker cubierto podría quedar fuera del gravamen. Los brókers deben recaudar y liquidar el impuesto, y pueden seguir siendo responsables si no lo cobran. Los clientes podrían tener que calcular y abonar por su cuenta el impuesto no repercutido antes del día 20 del mes siguiente. Estas obligaciones debían arrancar en enero pese a la demanda en curso. Si se concede la medida, los brókers quedarían temporalmente eximidos de recaudar el impuesto y se aplazarían las responsabilidades asociadas para los clientes afectados. Un retraso aprobado por el tribunal eliminaría el plazo inmediato para la primera mitad de 2027 y daría más margen a las empresas para desarrollar sistemas de cobro y reporte, aunque no implicaría necesariamente detener todo el trabajo de cumplimiento. Ambas partes mantendrían sus posiciones jurídicas mientras avanzan el litigio y el proceso de elaboración de reglas. El Departamento de Ingresos aceptará comentarios públicos sobre las reglas preliminares hasta el cierre de la jornada del 30 de octubre. Las reglas aún no se han presentado ante el secretario de Estado ni se han remitido al "Joint Committee on Administrative Rules", por lo que siguen pendientes aspectos clave de la implementación. Las partes también han pedido trasladar al 13 de noviembre el plazo del estado para responder a la demanda. Antes de fin de año, las empresas cripto afrontan incertidumbre sobre si el juez concederá el aplazamiento y sobre cómo modificará el Departamento de Ingresos las reglas tras las aportaciones del sector. Si se dicta la suspensión, las compañías dispondrían de otros seis meses antes de que los clientes empiecen a ver el impuesto aplicado a las operaciones cubiertas, tiempo que podrían dedicar a prepararse para un gravamen cuya validez definitiva sigue en manos del tribunal.