La Casa Blanca cede en la cláusula ética; la "Clarity Act" podría aprobarse antes del receso de agosto

Según fuentes del sector, la Administración Trump ha aceptado incorporar una disposición ética en la "Clarity Act" (Digital Asset Market Structure Act). El texto ya se habría remitido a varios senadores republicanos. Aunque el contenido exacto aún no se ha hecho público, en la industria se interpreta como un paso que facilitaría la actualización del articulado —prevista para los próximos días— y abriría la puerta a una votación en el Senado. Las negociaciones en torno a la Clarity Act han avanzado con lentitud durante el último año. Tras ir cerrándose las diferencias iniciales sobre los rendimientos de las stablecoins y el perímetro regulatorio de DeFi, el principal escollo pendiente era cómo gestionar los posibles conflictos de interés entre cargos públicos de EE. UU. y el sector cripto. La señal de apertura de la Casa Blanca en materia de ética reduce el que era el último gran bloqueo político. A este avance se suma otro elemento que el mercado interpreta como favorable: Patrick Witt, director ejecutivo del Consejo Asesor de Activos Digitales de la Casa Blanca y uno de los responsables de impulsar el proyecto, ha confirmado que seguirá en el cargo hasta culminar la tramitación. Informaciones previas apuntaban a una posible salida antes de la fase decisiva en el Senado por compromisos de entrenamiento con la Guardia Nacional del Ejército, lo que había generado dudas sobre el impulso de la iniciativa. Witt ha indicado que esas obligaciones se han pospuesto. Qué es la "Clarity Act" y por qué importa La Clarity Act, cuyo nombre formal es Digital Asset Market Clarity Act of 2025, figura entre las iniciativas clave de la Administración Trump para posicionar a Estados Unidos como "hub global de las criptomonedas". Su objetivo es crear un marco federal unificado para el mercado de activos digitales, resolviendo la ambigüedad regulatoria acumulada en los últimos años, aclarando el estatus legal de distintos activos y redistribuyendo competencias entre la Securities and Exchange Commission (SEC) y la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). El proyecto plantea un sistema de clasificación que distingue entre: "digital commodities", "investment contract assets" y stablecoins de pago permitidas. Los activos que funcionen como "digital commodities" con funcionalidad de red blockchain quedarían principalmente bajo la CFTC; los "investment contract assets" vinculados a emisiones con captación de fondos seguirían bajo la SEC; y los emisores de stablecoins quedarían, en términos generales, bajo supervisión de autoridades bancarias. El alcance del planteamiento es relevante porque busca zanjar el pulso de años entre SEC y CFTC sobre la jurisdicción de los activos digitales, ofreciendo una senda de cumplimiento más clara. Bajo el mandato del expresidente de la SEC Gary Gensler, el regulador tendió a considerar un amplio conjunto de activos como valores aplicando el test de Howey y expandió su alcance mediante acciones de enforcement. La CFTC, por su parte, defendió que determinados activos altamente descentralizados se asemejan más a commodities. Ese choque ha mantenido a empresas, exchanges y desarrolladores en un entorno de incertidumbre. Si la Clarity Act prospera, el mercado estadounidense contaría por primera vez con un marco integral para la estructura de mercado de criptoactivos. En el corto plazo, el impacto podría reflejarse en el ánimo inversor ante una mejora de expectativas de política pública. A más largo plazo, la clave sería la reducción de la incertidumbre regulatoria y una base institucional más nítida para la entrada de entidades financieras tradicionales y capital de largo recorrido. El tramo final: la controversia ética El camino legislativo ha sido accidentado. El 17 de julio del año pasado, la Clarity Act fue aprobada en la Cámara de Representantes por 294 votos a favor y 134 en contra, superando holgadamente la mayoría simple. Su tramitación en el Senado, en cambio, ha requerido una negociación política más compleja. Aunque los republicanos mantienen la mayoría, una norma de este calibre —con impacto transversal sobre el mercado de activos digitales— necesita cierto apoyo bipartidista para superar la votación definitiva. Durante el último año, los desacuerdos se concentraron en tres frentes: reglas sobre rendimientos de stablecoins, límites regulatorios para DeFi y potenciales conflictos de interés entre la Administración Trump y la industria cripto. Los dos primeros han ido perdiendo intensidad. Incluso el punto más sensible, los rendimientos de stablecoins, habría encarrilado un compromiso: prohibir recompensas por el mero hecho de mantener stablecoins, permitiendo incentivos ligados a actividades reales. La cuestión pendiente era la ética. Legisladores y Casa Blanca han negociado cláusulas destinadas a impedir que el presidente, el vicepresidente, miembros del Congreso y otros funcionarios federales se lucren con activos digitales mientras están en el cargo. La aceptación de una disposición ética marca un nuevo avance en el último pulso político alrededor del texto. El factor tiempo: la ventana antes del receso Más allá de las diferencias de fondo, el calendario presiona. El Congreso suele iniciar el receso de verano a mediados de agosto, lo que deja alrededor de una docena de días hábiles para cerrar el texto y llevarlo a debate en el Senado. Kristin Smith, CEO de la Blockchain Association —uno de los actores de lobby más influyentes en el proceso— afirmó ayer: "Ahora es el momento más crítico". Smith señaló que la versión actual incorpora disposiciones más contundentes contra la financiación ilícita, mayores protecciones al consumidor y requisitos regulatorios más estrictos para plataformas de negociación al contado, configurando uno de los marcos más completos sobre estructura de mercado de activos digitales que ha visto. Si las partes resuelven las fricciones sobre ética en las próximas semanas, la Clarity Act podría lograr un avance decisivo antes de que el Congreso suspenda su actividad. Si la negociación vuelve a estancarse, este marco regulatorio —en construcción desde hace más de un año— podría quedar a la espera de una nueva ventana política. ¿Un punto de inflexión histórico? Aun con la concesión en materia ética, el proyecto todavía debe superar etapas clave: publicación del texto definitivo, revisión del Senado y coordinación bipartidista. Con las señales actuales, el proyecto se acerca a su desenlace tras más de un año de negociación. Si se materializa un avance antes del receso del 10 de agosto, podría convertirse en un hito para la regulación de criptomonedas en Estados Unidos y, por extensión, influir en el debate global. En los últimos años, el principal reto del sector no ha sido la demanda, sino la ausencia de un marco claro, estable y predecible. Las diferencias entre jurisdicciones en clasificación de activos, obligaciones de plataformas y normas de emisión han obligado a empresas y capital a moverse en un entorno regulatorio cambiante. La importancia de la Clarity Act radica en su intento de fijar por ley un marco más definido. De implantarse, podría servir como referencia internacional. Para los exchanges, implicaría una ruta más clara para registrarse y operar; para los desarrolladores, un entorno más previsible para innovar; para la banca y las instituciones financieras tradicionales, una base de cumplimiento más transparente para entrar en activos digitales. No sería solo una actualización del sistema regulatorio estadounidense, sino una señal de que el mercado global de activos digitales se desplaza de una fase temprana de experimentación normativa hacia otra más madura e institucional. Lectura recomendada: "Clarity Act", cuenta atrás: 25 días — ¿qué ocurre con el mercado cripto si no se aprueba antes del receso de agosto?