Los senadores estadounidenses Adam Schiff y John Curtis presentaron el lunes la "Prediction Markets Are Gambling Act", una propuesta bipartidista que busca impedir que empresas registradas ante la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), como Kalshi o Polymarket, ofrezcan contratos de predicción deportiva y productos con dinámica de casino. Según el texto, la iniciativa plantea modificar la Commodity Exchange Act para prohibir los "event contracts" vinculados a acontecimientos deportivos —tanto profesionales como universitarios— y a juegos como el blackjack, la ruleta y las loterías. La norma impediría que estos acuerdos se coticen o negocien en mercados regulados y deja explícito que la legislación federal no anularía las restricciones sobre juego ya existentes a nivel estatal. Curtis afirmó que la medida pretende delimitar competencias, reforzar el control de los estados sobre los mercados de apuestas y frenar la expansión de productos especulativos en ámbitos que considera impropios. "Demasiados jóvenes en Utah están quedando expuestos a las apuestas deportivas adictivas y a contratos de juego tipo casino que deben estar bajo control estatal, no de los reguladores federales", sostuvo. "La 'Prediction Markets Are Gambling Act' trata de respetar la autoridad de los estados, proteger a las familias y mantener los productos financieros especulativos fuera de espacios donde no corresponden". Schiff señaló que los contratos de predicción ligados al deporte, ya disponibles de forma generalizada en los 50 estados, operan en la práctica como productos de apuestas. También criticó a la CFTC por facilitar su crecimiento en vez de hacer cumplir las limitaciones. "En lugar de aplicar la ley, la CFTC está dando luz verde a estos mercados e incluso promoviendo su expansión. Es hora de que el Congreso intervenga y cierre esta puerta trasera, que vulnera protecciones al consumidor estatales, invade la soberanía tribal y no aporta ingresos públicos", enfatizó. La propuesta llega en un momento de fuerte expansión del sector. El volumen de negociación agregado de los mercados de predicción alcanzó los 44.000 millones de dólares en 2025, y proyecciones del sector apuntan a que podría superar los 50.000 millones este año. La actividad relacionada con el deporte ha explicado gran parte del avance y se ha convertido en una fuente principal de ingresos para las plataformas líderes. Crecen los choques entre estados y la supervisión federal Tras la decisión del Tribunal Supremo de 2018 que permitió legalizar las apuestas deportivas a nivel estatal, los estados han desarrollado marcos regulatorios que generan ingresos públicos significativos e incorporan salvaguardas para el consumidor. Los mercados de predicción, en cambio, operan bajo supervisión federal de la CFTC como instrumentos financieros, no como juego, una distinción que les permite eludir licencias estatales y obligaciones fiscales. Los estados recaudaron miles de millones de dólares en impuestos por apuestas deportivas en 2025. La aparición de mercados de predicción regulados a nivel federal que ofrecen productos funcionalmente similares sin contribuir a las arcas estatales ha provocado críticas de gobernadores, comisiones estatales de juego y naciones tribales. Kalshi y Polymarket afrontan un aumento de la presión legal a medida que los estados cuestionan su actividad como plataformas de apuestas ilegales. Con decenas de demandas y fallos judiciales dispares —incluidos procedimientos que avanzan en Nevada y disputas en Massachusetts—, ambas firmas se apoyan en la supervisión de la CFTC como argumento central frente a la acción estatal. La CFTC ha reforzado su defensa de la jurisdicción federal sobre los mercados de predicción con un nuevo escrito judicial en respuesta a los litigios a nivel estatal. El presidente del organismo, Michael Selig, sostuvo que la autoridad conferida por el Congreso abarca los contratos de evento vinculados a materias primas y que debe prevalecer sobre las regulaciones estatales.

El debate en Washington sobre prohibir las recompensas pasivas en stablecoins ha ganado tracción mientras los legisladores tratan de cerrar el paquete regulatorio de criptoactivos antes del próximo plazo en el Congreso. A finales de marzo de 2026, la discusión se recrudeció: la banca presiona para limitar las stablecoins con rendimiento y las firmas cripto advierten de un frenazo en la adopción. La ley de estructura de mercado del Senado, conocida como la Ley CLARITY, ha quedado en punto muerto tras romperse las negociaciones por el desacuerdo sobre si los emisores de stablecoins deben poder ofrecer rentabilidad. El texto, respaldado por el presidente, busca un marco integral para el mercado cripto en EE. UU., con definiciones más claras para la clasificación de los activos digitales. Las asociaciones bancarias están intensificando el lobby para prohibir recompensas en stablecoins que se asemejen a intereses de depósitos. En la actualidad, las cuentas de ahorro tradicionales ofrecen aproximadamente entre el 0,01% y el 0,50% anual, mientras algunas plataformas cripto pagan en torno al 3,5%–4% por depósitos en stablecoins como USDC. Según los bancos, esa brecha podría incentivar salidas de depósitos del sistema financiero tradicional. El núcleo del pulso es si las stablecoins vinculadas al dólar deben limitarse a pagos y liquidación o si pueden competir de facto con cuentas bancarias y fondos monetarios ofreciendo rendimiento. Si se veta la remuneración pasiva, podría caer la participación minorista. Muchos usuarios aparcan fondos en stablecoins para obtener retornos mientras esperan oportunidades de trading. Sin ese incentivo, podría disminuir la demanda de dólares en cadena y resentirse la liquidez en las plataformas cripto. También está en juego la facturación de los exchanges. Operadores como Coinbase, Kraken y Gemini se benefician hoy de los saldos en stablecoins mediante esquemas de reparto de intereses y estrategias de tesorería. Una caída en los depósitos en stablecoins podría afectar a los ingresos y a la actividad general. Aun así, el sector anticipa margen de adaptación. En episodios previos de presión regulatoria, varias compañías reconfiguraron programas de recompensas: en lugar de intereses directos, podrían impulsar incentivos ligados a la actividad, como recompensas por trading, pagos o participación en liquidez. Otra opción sería desplazar programas de rendimiento fuera de Estados Unidos si aumenta el endurecimiento normativo, manteniendo incentivos en otras jurisdicciones y cumpliendo las reglas locales. Para buena parte de la industria, el valor de fondo está en la seguridad jurídica. La Ley CLARITY pretende delimitar qué se considera mercancía digital y qué es un valor, lo que podría reducir riesgos por acciones de enforcement. Incluso con límites a las recompensas pasivas, un marco más claro podría apuntalar el crecimiento a largo plazo y la innovación en el mercado cripto.